Educacion para la ciudadanía. Asignatura. Análisis

HACIA UNA EDUCACIÓN ESTATALISTA

            Existe una diferencia fundamental entre una educación pública y una educación estatalista: la libertad. Educación pública consiste en poner al servicio de los ciudadanos un sistema educativo de la mayor calidad posible y bajo criterios de igualdad. Las sociedades modernas son conscientes de la necesidad de educar, y ayudan a sus ciudadanos a formarse adecuadamente. En una educación pública el estado se pone al servicio de los ciudadanos.
            En una educación estatalista el estado se arroga el derecho a decidir qué es el bien y qué es el mal, qué es el hombre y qué es el mundo, e impone su cosmovisión a los ciudadanos de forma coactiva. Los hombres son puestos, así, al servicio del estado, convertidos es miembros serviles, indefensos ante el poder. Sin la posibilidad de juzgar por sí mismo aquello que le corresponde, la afirmación de la dignidad del hombre no es más que una palabra vacía, y el hombre, en el fondo, depende del poder.
            En los últimos años hemos asistido, y seguimos asistiendo, a la transformación de nuestro sistema de educación pública (bien que frágil e imperfecto) según un modelo estatalista que nos retrotrae a otros tiempos, y que quiebra la pluralidad de la sociedad española y la libertad de educación de la que son titulares, en primer lugar, los padres.

                                    Esta afirmación se apoya en los siguientes hechos:

1.- La imposición del área de “Educación para la ciudadanía” rehuyendo cualquier debate, amenazando e impidiendo la defensa de los padres a través de la negativa sistemática a aceptar un derecho constitucional básico en un sistema democrático como es el derecho a la objeción de conciencia. Insistimos en que, lejos de cualquier debate político e ideológico entre los partidos que son hoy mayoritarios en España, esta asignatura no tiene cabida en un sistema democrático tal y como se ha impuesto en nuestro país. El objetivo del gobierno no ha sido la formación de ciudadanos responsables, sino la inculcación de una serie de principios que responden a su propio ideario, tan respetable, parcial y discutible como cualquier otro.

2.- La imposición de la asignatura de “Ciencias para el Mundo contemporáneo”, que comienza el año que viene en primero de bachillerato. Esta asignatura no tiene como objetivo la enseñanza de la ciencia basada en hechos y en la confrontación entre las distintas teorías científicas, sino la inculcación de un modelo positivista decimonónico. Se pretende abordar la ciencia desde una perspectiva ideológica, decidir según los criterios que dicte el estado cuáles son las teorías científicas más valiosas y debilitar la capacidad crítica del alumnado. El estado, manipulando a través de una ideología torpemente cientificista, nos quiere decir lo que hay, lo que es real.

3.- La negativa del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma a cumplir con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En lugar de cumplir con las sentencias judiciales y adecuar la asignatura según se ha indicado desde una sentendia firme, continúan amenazando a los padres y alumnos objetores en sus comparecencias públicas y siguen rechazando las objeciones de conciencia que les llegan. Dictan, pues, nuestros gobernantes, decisiones administrativas a sabiendas de su injusticia, declarada ya reiteradamente por un tribunal de justicia.

4.- La discriminación de los profesores de Religión, sin precedentes en el seno de la Administración Pública, pues se les niegan sistemáticamente sus derechos laborales. Mientras se les considera miembros del claustro de profesores, sin embargo se les reducen sistemáticamente las horas y se les impide realizar ninguna función en el centro. De esta manera quedan aislados dentro del centro y ven reducirse constantemente sus salarios, situación que es impensable para cualquier otro profesional de la enseñanza dentro de la Administración Pública. La Junta de Andalucía trata a los profesores de religión como si fuesen sus rivales ideológicos y quisiera deshacerse de ellos.

5.- La administración de nuestra Comunidad Autónoma ha decidido incentivar a los profesores por disminuir el número de suspensos, realizando con toda falta de pudor lo que en tantas ocasiones han insinuado algunos que se hacía en los centros privados. Esta actitud manifiesta un completo desprecio por el sistema educativo, que queda supeditado a la consecución de estadísticas que sean favorables para los intereses de los políticos: ellos necesitan profesores que sean productores de aprobados.

En conclusión: los padres asistimos cada día a una degradación del sistema educativo. Ya no se trata únicamente de problemas de gestión, de organización o de ideación que no se abordan, sino que, sin abordarlos, se atiende prioritariamente a los intereses de la clase política en el poder. Nuestros gobernantes ya no se preocupan de la mejora de la educación sino que, con total desvergüenza, pretenden únicamente asegurarse la permanencia en el poder: para eso necesitan estadísticas favorables y ciudadanos a los que se les hayan inculcado los principios ideológicos que convienen a estas camarillas de gobernantes.